A  PROPÓSITO  DEL  NUEVO  CROMAÑÓN  DEL  BARRIO  DE  FLORES:

LA  COMUNIDAD  BOLIVIANA  Y  NUESTRA  FALSA  SEGURIDAD  ALIMENTARIA

 

La comunidad boliviana en la Argentina y la sobreexplotación de que resulta víctima, es funcional a esta Argentina urbana que pretende olvidarse de la tierra y vivir de espaldas a su propio territorio. Mucho antes de los talleres de confección, que debido a la muerte de una familia conmueve ahora a la opinión pública, el aporte de la comunidad boliviana a la producción “barata” nacional, se manifestó masivamente en la producción hortícola.

Los cinturones verdes de Buenos Aires y de La Plata, las producciones de los valles de los ríos Negro y Colorado, los invernáculos de Corrientes y otras economías regionales, desde hace al menos 15 años descansan sobre las espaldas de los operarios bolivianos. Estos inmigrantes han sido sometidos en buena medida a regímenes de trabajo que perfectamente podría ser calificado de trabajo esclavo tanto como los que sufren los obreros textiles del bajo Flores que ahora concentran la atención del gran público. La figura de la mediería es un “eufemismo” que se utiliza para explicar innumerables “arreglos” entre quien es el dueño de la tierra y quienes aportan toda la mano de obra para los cultivos.

 

Los cultivos hortícolas requieren mucha mano de obra en todo el ciclo productivo y se suceden durante todo el año, en muchos casos superponiéndose los unos con los otros. Familias enteras  de inmigrantes bolivianos se instalan en los mismos campos de producción, utilizando las más variadas formas de vivienda precaria, su alimentación es extremadamente sobria y su dedicación al trabajo proverbial. Los contratos, no escritos, contemplan usualmente que el dueño de la tierra aporte los insumos y se encargue de la venta de lo producido, recibiendo “el mediero” no la mitad como la denominación parecería indicarlo, sino un porcentaje “antojadizo” que resulta del descuento de gastos del mes en comida, de los insumos, del trasporte y las comisiones de la comercialización.

 

La mano de obra que aporta la comunidad boliviana no está “blanqueada”, ya que en los arreglos de palabra y en el mejor de los casos,  es el jefe de familia quien es considerado como operario, no así su familia y/o parientes que conviven en el campo y aportan también al trabajo común. Si bien estas formas contractuales (no escritas) siguen existiendo, la laboriosidad de la comunidad boliviana les ha permitido en muchos casos a pesar de todo, poder comprar tierras, trabajarlas y comercializar ellos mismos la producción. En este sentido es bien conocida, pero deliberadamente ignorada la existencia de “galpones” o mercados no autorizados (clandestinos) que a la vez son lugares de abastecimiento de las verdulerías de barrio. Estas verdulerías que aparecen y desaparecen de la noche a la mañana, cuando un garaje se abre imprevistamente y aparecen cajones con hortalizas como única “góndola” de exhibición, esta mercadería no tiene boleta alguna y el verdulero no entrega tampoco ticket o factura, y ante la primer inspección municipal y/o de AFIP, la verdulería desaparece.

 

Es común en zonas de la Capital y del Gran Buenos Aires la venta a domicilio de productores directos que con vehículo propio, en muchos casos sumamente precarios, recorren los barrios, abasteciendo a los vecinos.

El Mercado Central, cuya instalación se dijo alguna vez, eliminaría todos los mercados distribuidos en el Gran Buenos Aires (23 en 1984), no solo no los reemplazó sino que en la actualidad se le han agregado a ellos, los mercados clandestinos o galpones. Se calcula que el Mercado Central solo comercializa el 15% de las hortalizas que se consumen en la concentración urbana más grande de la Argentina.

 

De hecho la producción hortícola está en gran medida en manos de la comunidad boliviana, y se realiza por canales de producción y comercialización absolutamente “alternativos” por no decir de economía en negro.

Pero esta realidad es la que posibilita tener en las verdulerías de barrio hortalizas baratas, en muchos casos más económicas que en los supermercados, aunque carezcan muchas veces de la calidad y de la frescura de las ofrecidas en las góndolas.

Si esta realidad se tratara de abordar desde el Estado con una perspectiva meramente fiscalizadora y de la regularización del empleo (aportes y obra social), así como del blanqueo de la comercialización, habrá que considerar el inmediato desabastecimiento de las ciudades y el posterior encarecimiento de las mercaderías. Es decir que la Seguridad alimentaria de los argentinos se encuentra hoy en gran medida garantizada por circuitos de producción y comercialización clandestina, a la vez que por la sobreexplotación de la comunidad boliviana. Esta realidad tiene mucho en común con lo que se está evidenciando en Francia y en EEUU, donde con las diferencias del caso, son los inmigrantes quienes realizan los trabajos más pesados y peor pagos, que los nativos ya no están dispuestos a realizar.

 

La comunidad boliviana acepta vivir en el campo en las condiciones de sobriedad que le permiten enviar remesas de dinero a su propio  país e incluso adquirir tierras que fueran desechada por nuestros connacionales. Su aporte a la Sociedad y la economía nacional es tan importante como invalorado, de allí que nosotros consideremos que la situación de la comunidad, debería ser considerada  no sólo desde una perspectiva de reconocimiento a su laboriosidad y sobriedad de vida, sin también como un ejemplo para quienes abandonan la tierra.  

 

GRR Grupo de Reflexión Rural

Abril de 2006