TRANSFORMACIONES  DE  LA  PRODUCCION  AGRARIA EN ARGENTINA  Y  LA SITUACION  DE  LA  AGRICULTURA  FAMILIAR 

Lucila Díaz Rönner

 

 Introducción

Este trabajo se propone destacar una parte de la realidad agraria argentina que, aun cuando permanece oculta, continúa luchando contra las consecuencias negativas de un modelo neoliberal y agroexportador que la desplazó y  marginó. Me refiero a la pequeña y mediana producción agrícola familiar. La lucha que sostiene trasciende su permanencia en la explotación y en el mercado, pues es la lucha por una cultura, por una forma de vida que las reglas del mercado  y las políticas neoliberales cancelan  e ignoran. Más que  considerarla desde el aspecto productivo  se trataría de plantearlo como un paradigma cultural emergente de la noción central de la agro-cultura,  que se resiste al  barrido de formas de cultura,  que se pretende hacer  desde un nuevo paradigma tecnológico para la actividad agrícola donde la soja es la vedette. Antes de referirme a este punto que estimo primordial haré algunas consideraciones desde el contexto  de  la globalización desarrollando luego las transformaciones producidas en Argentina en la última década del siglo pasado cuya magnitud se refleja en los profundos cambios de las formas de producción rural y de la estructura social agraria; en particular, en la situación de los productores familiares.  

 

 Impacto de la globalización

En las últimas décadas del siglo pasado, la reestructuración  a escala mundial del capitalismo ha profundizado la interdependencia de las economías nacionales, en estrecha relación con el desarrollo de tecnologías de la comunicación y los avances del conocimiento científico y tecnológico, en el marco de la globalización y la aplicación de políticas neoliberales. La globalización económica se basa en la ampliación de los mercados a escala mundial y el impulso de las actividades económicas y financieras por parte de empresas transnacionales  que operan en forma simultánea y de manera coordinada en varios países. A partir del conjunto de estos factores se desplazan las barreras políticas y se despliegan nuevos modelos de consumo y pautas culturales.  Estas tendencias al privilegiar la libertad de los mercados con énfasis en el desarrollo de la actividad privada redundan en el repliegue de la acción estatal de sus funciones  históricamente primordiales en las áreas de la salud y la educación.  En este nuevo orden mundial, el capital financiero, las empresas transnacionales y las del capital agroindustrial multinacional cobran una importancia sustantiva, en tanto que los estados nacionales disminuyen su hegemonía sobre la regulación de sus mercados y de control sobre los salarios de los trabajadores y los precios de los productos en el ámbito local, con importantes consecuencias en el terreno alimentario, especialmente, sobre las posibilidades  de una alimentación adecuada por parte de los sectores de población de menores recursos. 

¿Qué ocurre en  Argentina en el marco de estos acontecimientos?

 

Los procesos de globalización y de transformaciones en el  nivel mundial profundizan los procesos de cambios del modelo económico de industrialización sustitutiva que se venían registrando desde mediados de los años setenta.  Como parte de esas modificaciones, cabe recordar que la baja de la inversión bruta interna afecta a los sectores productores de bienes,  en particular, a la actividad manufacturera, debido a la insuficiente reposición de bienes de capital que redujo  el stock de maquinarias y construcciones con las que contaba la economía argentina para su funcionamiento. La década de los años ochenta culmina con una crisis hiperinflacionaria y el impacto de las políticas aplicadas hacia finales de la década, de restricción monetaria y del gasto público- en condiciones de gran inestabilidad y elevada inflación- crean el ambiente propicio para las medidas que seguirían dando paso a los profundos cambios de la década siguiente dentro de una situación muy crítica tanto en lo social como en lo económico. Algunas reformas parciales realizadas en los años 1989 y 1990 aparecen como una etapa de transición hacia el nuevo modelo que se desarrolla durante el gobierno de Menem (1989-1999). Las principales modificaciones  se producen  a partir del decreto No. 2284 –luego ley – de fines del año 1991 de desregulación total de la economía a la que se suma la privatización de las empresas públicas. La estrategia del nuevo modelo económico, ligada a la integración del mercado nacional a la economía internacional mediante una mayor apertura comercial, se instrumenta con dos ejes complementarios: la liberalización del comercio internacional y la ley de convertibilidad.  Esta última tuvo como suposición principal que la estabilización cambiaria y de precios, además de la igualación en el tratamiento de la inversión nacional y extranjera y las privatizaciones, estimularían las inversiones en el país.

 

La tasa de inversión se recupera, en la primera mitad de la década de los años noventa, como resultado del proceso de privatizaciones. Desde entonces, la inversión realizada por los nuevos grupos económicos que se forman a partir de las privatizaciones, tiende a privilegiar ciertos sectores (como el de servicios) y ciertas ramas industriales (la industria automotriz y la alimentaria)  ante el atractivo del proyecto del  Mercosur.

El dinamismo de la agricultura en los años noventa se caracterizó por la incorporación de cambios tecnológicos como resultado de  políticas económicas por las que se modificaron los precios relativos y se desregularon las actividades de comercialización y transporte, entre otras.

 

La demanda mundial de granos, en especial de oleaginosos y subproductos, constituyó uno de los factores relevantes en el desarrollo de los cambios tecnológicos y de la nueva organización económica-social de la producción agraria y agroindustrial con orientación marcadamente exportadora. En cuanto al comercio exterior, las únicas ramas relevantes- por sus montos y los saldos positivos de comercio exterior- corresponden a los rubros de  grasas y aceites  y  productos alimenticios.

Estas condiciones modificaron, en forma sustancial, el papel que cumpliera el sector agropecuario durante la vigencia del modelo sustitutivo de importaciones, hasta mediados de los años setenta, al asegurar el abastecimiento de alimentos baratos para la población trabajadora, lo que redundaba en el aumento del nivel de los salarios -directos e indirectos-  y en el crecimiento de la demanda interna que permitía mantener la dinámica del proceso de industrialización.

 

 Consecuencias

El nuevo modelo económico agudizó, a partir de las transformaciones impuestas durante el período señalado,  el proceso de desindustrialización, la desaparición de medianas y pequeñas empresas, el desempleo, la  expulsión de medianos y pequeños productores agropecuarios,  la precarización del empleo rural y urbano,  la desarticulación social y la pobreza.  En este contexto veremos los cambios ocurridos en la estructura agraria tanto desde el punto de vista social como económico.  Es necesario enfatizar acerca de la estrecha vinculación  existente entre los cambios estructurales producidos en la industria y en el agro en el marco de los procesos de globalización, apertura externa y concentración  de la economía argentina.

 La cuestión agraria aparece implicada en situaciones más complejas relacionadas con la transnacionalización productiva, el cambio tecnológico y las transformaciones en el nivel de las articulaciones agroindustriales. Las corporaciones multinacionales y los hipermercados aumentan su control sobre la producción y venta de alimentos, situación que  afecta tanto  a los agricultores familiares como a las  pequeñas y medianas empresas y  trabajadores del sistema agroindustrial. Se destaca en los últimos años la participación creciente de las corporaciones transnacionales como proveedoras de insumos y tecnologías para la agricultura, ligada a los avances de la biotecnología, tal el caso de la notable difusión de semillas transgénicas, en especial, en el cultivo de la soja. 

 

 Diferenciación entre regiones  y  entre  productores agrarios

No es posible considerar las transformaciones ocurridas en el agro argentino, desde las últimas décadas del siglo pasado, sin hacer referencia a las grandes diferencias existentes entre las regiones agroecológicas del país, porque la modernización tecnológica y la reducción del mercado interno tuvieron efectos diferentes entre regiones y entre productores y trabajadores. En el marco de estas diferencias, la región pampeana (comprende las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa)  área  que provee la parte más importante de la producción agraria en cuanto a granos y productos ganaderos y en la que se origina la casi totalidad de las exportaciones agropecuarias (primarias más manufacturadas), ha resultado particularmente favorecida – aunque tampoco en forma  homogénea- por las alzas registradas en oleaginosos y algunos  cereales, en tanto el decrecimiento de los cultivos industriales cuya producción se destinaba, principalmente, al mercado interno ( como  el algodón, la  caña de azúcar o la yerba mate, entre otros) afectó las economías regionales  no pampeanas, es decir, el resto de las regiones: el Noroeste, el Noreste, Cuyo y la Patagonia. Ello se debió a la importancia adquirida por algunos subsectores localizados en la región pampeana, como el complejo sojero y al incremento de la industria aceitera para la exportación, situación que no es seguida con igual resultado por las producciones regionales en las que se observa un relativo estancamiento, salvo en  aquéllas que lograron adecuarse a una salida exportadora: el arroz, el poroto seco, el tabaco claro, el té; entre las frutas, la manzana y la pera y posteriormente, la producción citrícola y vitivinícola.

Aparte del tipo de producciones agrícolas, otra diferencia importante entre estas regiones refiere a las características de sus explotaciones. En el caso de la región  pampeana predominan las actividades agropecuarias extensivas y mecanizadas, mientras en las economías regionales no pampeanas las explotaciones se caracterizan por ser trabajo-intensivas. En estas  últimas regiones, especialmente, en las del Noroeste y del Noreste, existe la pequeña producción familiar de baja o nula capitalización, donde los productores que trabajan con técnicas y sistemas de trabajo tradicionales  registran con mayor intensidad la caída de precios de sus productos por causa de las restricciones del mercado y dificultades de comercialización, así como por la falta de inversiones, competitividad y diversificación productiva. Estos factores han determinado históricamente  fuertes limitaciones ocupacionales y  pobreza. A estas condiciones debe sumarse la extensión de la mecanización de la cosecha del arroz,  del algodón y de la caña de azúcar, por su incidencia  en la disminución de la demanda de mano de obra y la emigración rural.

 

El proceso de modernización agrícola, que despuntó en la década de los sesenta y crece en las dos décadas siguientes para consolidarse en los años noventa, profundizó las desigualdades existentes, además de la disminución de gran cantidad de explotaciones pertenecientes a medianos y pequeños productores y campesinos. Entre el censo de 1969 y el de 1988, el número de explotaciones agropecuarias pasa de 538 mil a 421 mil. Esta tendencia descendente se realizó a expensas de la desaparición de unidades de producción de los estratos de menos de 200 hectáreas, siendo más acentuada en la región pampeana. En cuanto a la existencia de explotaciones minifundistas, las ubicadas en la región pampeana (que representaban el 36 por ciento del total en el censo de 1969)  disminuyeron a un 29 por ciento en 198; en tanto las extrapampeanas tuvieron un proceso inverso al pasar de un 53 por ciento a un 61 por ciento.[1]

 

Con referencia a la región pampeana, la disminución de las pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias, según Pucciarelli, se explica por causa de tres procesos: la descapitalización absoluta y relativa de este grupo de productores, el crecimiento de medianos- grandes productores tanto en superficie como en maquinaria, favorecidos por las nuevas condiciones productivas; sumado a la creciente difusión del contratismo de maquinaria agrícola. [2]

 

 La adecuación a las nuevas condiciones macroeconómicas implicó el endeudamiento ante cambios tecnológicos,  que incidieron en el deterioro y disminución de diversos sectores de la agricultura familiar, porque no lograron incorporar estos cambios o no tuvieron las posibilidades de acceder a un financiamiento adecuado.

El fenómeno de la “empresarización” explicaría, asimismo, la disminución de las explotaciones agropecuarias en función de reconversiones tecnológicas importantes y de cambios organizativos de la producción, como el reemplazo de las explotaciones familiares por explotaciones más grandes con manejo empresarial y elevado grado de capitalización. [3]

En este contexto, las transformaciones económicas iniciadas  desde mediados de la década de los años setenta, como parte del proceso de reestructuración liberal que se agudiza en los años noventa, modifica, en forma significativa,  la situación de los productores rurales familiares. Cabe señalar que este tipo de explotación está constituido por un heterogéneo universo conformado tanto por productores más pobres  como por  productores con cierto acceso a capital, sea en términos de posesión de un tractor – aunque obsoleto- o casos de un cierto acceso a servicios de maquinaria -que daría cuenta de un relativo nivel de capital circulante- hasta unidades más capitalizadas. En el marco de las explotaciones de base agropecuaria familiar, el concepto de pequeña explotación (PEAP) refiere, en especial, a las unidades dirigidas directamente por el productor, que no utiliza trabajadores remunerados permanentes y no posee tractor o es obsoleto.  Así es que el concepto de  PEAP representa de la  manera más aproximada la combinación entre el trabajo familiar- con predominio  del trabajo personal del productor y su familia-  y un acceso limitado al capital. [4]

 

Resulta de interés destacar el apreciable aporte de la pequeña producción agropecuaria  que, al inicio de los años noventa, participaba con el 27 por ciento de los cereales, el 26 por ciento de las oleaginosas, el 34 por ciento  de los cultivos industriales (algodón, caña de azúcar, yerba mate, tabaco, etc.), el 36 por ciento de las hortalizas, el 42 por ciento de aromáticas, el 19 por ciento de frutales, el 13 por ciento de leguminosas,  el 18 por ciento de bovinos, el 42 por ciento de porcinos y el 49 por ciento de caprinos, entre otras actividades.[5]

Concentración  productiva. Una mirada  desde el Censo Nacional Agropecuario 2002

 

 Los datos definitivos  del censo nacional agropecuario (CNA) del 2002 indican una disminución en la cantidad de explotaciones agropecuarias (EAPs), del 21 por ciento en los últimos 14 años, pasando de 421.221 en 1988 a 333.533  en el año 2002. Esto significa 87.688  explotaciones menos que las registradas en el Censo Agropecuario Nacional de 1988, y una disminución de magnitud similar en el número de productores agropecuarios, fundamentalmente medianos y pequeños productores, tanto en la región pampeana como en las economías regionales. Este proceso decreciente implicó, también, la reducción en la cantidad de trabajadores asalariados permanentes y transitorios.

 

 La caída en  el número de explotaciones (EAPs) tuvo una incidencia más importante en la región pampeana donde la baja fue del 29,3 por ciento. Las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe evidencian la disminución más acentuada, cuya magnitud explica el 55 por ciento de la reducción para el total del país. En el resto del país, la caída en el número de las explotaciones fue del 14 por ciento en promedio (SAGP y A). Este acelerado proceso, señala Giberti (2001), no se observa ni remotamente en Estados Unidos o en Europa.

 

Como contrapartida a la disminución de las explotaciones agropecuarias se afianzan las grandes explotaciones. La tendencia decreciente en el número de explotaciones  aparece ligada  al crecimiento de la superficie promedio por unidad. En efecto, el tamaño promedio de la explotación agropecuaria (con límites definidos)  se incrementó  un 25 por ciento para el total del país, hasta alcanzar  588 hectáreas en el año 2002, lo cual representa un aumento de más de 100 hectáreas en la cantidad de tierra promedio por unidad en comparación con el año 1988. Este crecimiento es más importante en la región pampeana, donde la escala promedio se incrementó un 35 por ciento al pasar de 400 hectáreas en 1988 a 533 hectáreas en el 2002.  Las demás regiones presentan un incremento por debajo del promedio nacional, con excepción de Cuyo que registra un crecimiento significativo del 33 por ciento. En definitiva, se observa una menor cantidad de productores, pero con mayores extensiones de tierra. Esta situación  es resultado del desarrollo de explotaciones de mayor tamaño y nivel de capitalización dentro de un proceso denominado de “agriculturización”, reflejado en la participación creciente de la actividad agrícola  en contraste con  la disminución de la actividad ganadera, caracterizada por importantes incorporaciones de capital,  debido a la incorporación de paquetes tecnológicos  y maquinaria más moderna adecuada a las nuevas condiciones de producción; además de métodos modernos de gestión e informática. Estos elementos se  volcaron  a la explotación de  algunos cereales y, especialmente, a las oleaginosas donde la soja ocupa el lugar primordial,  alterando la diversidad productiva argentina y generando fuertes desequilibrios en la estructura social agraria.

 

Un aspecto significativo que surge del CNA 2002, y refleja los procesos recientes,  refiere a la disminución de la cantidad de hectáreas explotadas por sus propietarios

 (- 8,4 millones de hectáreas) y al crecimiento de la superficie explotada bajo distintos tipos de contrato: arrendamiento, aparcería, contrato accidental. Una de las características relevantes del  actual modelo agrario, relacionada  con el cambio tecnológico,  ha sido el impulso a las economías de escala  asociadas con un fuerte proceso de concentración de la tierra y del capital. Para mantener competitiva la producción agrícola,  se utiliza el aumento de escala de las explotaciones  como estrategia para disminuir costos fijos y por quintal producido y compensar los  precios bajos de los productos. El “ganar” escala no implica, sin embargo, la compraventa de predios sino que suele darse por la explotación unificada de la superficie cultivable,  bajo distintas formas de arreglo contractual, tal como surge de la información censal. En estas condiciones, la participación sea de contratistas y/o de asociaciones de hecho (como los “pools de siembra” que arriendan y manejan grandes extensiones de tierra) es muy importante en las provincias pampeanas, aunque no se soslaya su difusión en zonas extrapampeanas.

Los datos censales dan cuenta también de otros fenómenos. Por una parte, el crecimiento de superficie implantada con granos,  sobre todo con oleaginosas, cuya producción no se reduce  a su tradicional producción  en la región pampeana sino que se expande a  otras provincias del norte. Por la otra, el retroceso de los cultivos industriales como el algodón, la caña de azúcar y la yerba mate, entre otros. En muchos casos estos cultivos fueron desplazados por la soja. La superficie implantada con oleaginosas aumentó un 86 por ciento con respecto al Censo del año 1988, en tanto los cultivos industriales cayeron un 39 por ciento, a los que se suman las legumbres y las hortalizas con bajas de  un 25 por ciento y un 23 por ciento respectivamente.  En este período intercensal, el aumento de superficie implantada con oleaginosas aumentó en forma significativa en el NOA, donde destacan las provincias de Santiago del Estero, Salta y Tucumán y, en la región del NEA, la provincia del Chaco 

 

Cabe preguntarse, entonces, cuáles fueron  los factores principales que incidieron en estos resultados y en el nuevo perfil productivo agrícola  de Argentina, a partir de las transformaciones realizadas en la década de los años noventa.

El  escenario de los años noventa: cambios estructurales y sociales

Desde los inicios de los años noventa se profundiza en Argentina el cambio de modelo económico, a través de la aplicación de tres ejes básicos: privatizaciones, desregulación de la actividad económica y régimen de convertibilidad. Las medidas y políticas neoliberales adoptadas junto con la reforma del estado modificaron en forma sustancial el patrón de crecimiento basado en la sustitución de importaciones, para dar paso a una economía abierta y orientada al mercado externo, en el marco de la globalización y  de ajuste estructural.

En este nuevo escenario  se desencadena un fuerte proceso de reconversión productiva en el agro, por parte de los sectores más capitalizados, con el  fin de hacer frente a las nuevas reglas de la competencia externa, asociado con nuevas tecnologías  que intensifican los requerimientos de capital en los procesos productivos agrarios y el  aumento de escala de las explotaciones. Este modelo agroexportador  redefine la estructura social agraria  con nuevos agentes económicos y profundiza las desigualdades entre productores, al acentuar el grado de dependencia de aquéllos con menor capacidad de negociación.  A la  vez, el achicamiento  del mercado interno y los cambios de mercado operados, tanto para las materias primas como para los alimentos, plantean una  complejidad de situaciones  que agudizan la tradicional diferenciación entre productores,  mediante el despliegue de una diversidad de comportamientos y estrategias productivas, financieras, comerciales, adopción de tecnologías, formas de inserción en las cadenas agroalimentarias o agroindustriales y formas de asistencia a través de  programas públicos o privados.

 

Este conjunto de factores generó  situaciones difíciles  para pequeños y medianos productores que agravaron su situación de retroceso,  tanto en la región pampeana como en las economías regionales; no obstante que, durante buena parte de la década, aumentó la producción y la productividad agropecuaria, además de las exportaciones de origen agropecuario, beneficiadas por los buenos precios internacionales hasta la primera parte de la década.

Las nuevas tecnologías generaron procesos de concentración de capital asociados con el desarrollo de unidades más grandes, al tiempo que significaron barreras de entrada para los pequeños y medianos productores, cuya vulnerabilidad se amplificó debido a las variaciones de los precios internos e internacionales, en estrecha relación con las medidas de apertura externa, desregulación y privatizaciones. A ello se sumó el crecimiento de la superficie implantada con cultivos, centrada en algunos cereales y oleaginosas; en particular, la soja, y la caída de otras actividades agropecuarias: la ganadería, por un lado, y los cultivos regionales como la caña de azúcar y el algodón, por el otro. 

 

 En este contexto, la aplicación de políticas de desregulación y, por consiguiente, la eliminación de normas y entes reguladores y la pérdida de mecanismos de protección como el precio sostén, fue amplia. Se liquidaron todos los organismos reguladores de la  actividad agropecuaria, los mercados de concentración y los mercados de hacienda. Se disolvieron, además de la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, la Dirección Nacional del Azúcar, la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, el Instituto de Vitivinicultura, el Instituto Forestal Nacional y otros organismos de fiscalización y regulación regionales. Se estableció, asimismo, la liberación de cupos de siembra, cosecha, elaboración y comercialización de caña de azúcar y azúcar, yerba mate, viñedos, uva y vino. Se eliminaron impuestos y retenciones a las exportaciones agropecuarias.

La desregulación de toda la actividad agropecuaria tenía como supuesto principal impulsar la  producción para la exportación; sin embargo, al eliminarse  la intervención del Estado a través de instrumentos como el sistema de precios sostén y los subsidios, no sólo en el comercio de granos; sino también en las producciones regionales del noreste y del noroeste, donde se encuentra la mayoría de productores minifundistas y pequeños productores, se perjudicó a estos sectores, por sus precarias condiciones de producción; los que, en definitiva,  resultó la fracción más afectada de la actividad rural argentina.

Ello condice con el anuncio de un ex -funcionario del gobierno de Menem- Subsecretario de Política Agropecuaria de la Nación- quien en el año 1993 sentenciara  que “debían desaparecer 200 mil explotaciones agropecuarias no rentables”, bajo la justificación de ser inviables para afrontar las exigencias de la competitividad internacional.

 

 No todos fueron “perdedores”.  Al respecto, es preciso recordar el proceso de privatizaciones, como parte de las reformas del Estado, plan de convertibilidad y ajuste estructural,  que significó una  monumental transferencia de activos fijos del Estado al capital concentrado local, mediante la privatización de las empresas públicas. [6] Las áreas privatizadas, concesionadas o desreguladas  de las que se beneficiaron los grandes grupos económicos incluyeron entre otras: el servicio de comunicaciones, el sistema de transporte (aéreo, por agua, terrestre automotor de cargas, mantenimiento de carreteras nacionales a través del sistema de peaje), puertos, elevadores portuarios, privatización de los servicios de electricidad y de agua, transporte y distribución de gas, siderurgia, petróleo y minería. Estas condiciones favorecieron, por un lado, el fuerte ingreso  del capital extranjero en distintas actividades económicas y el abaratamiento de importaciones de bienes de capital por parte de los sectores capitalizados del agro y de las empresas agroindustriales como resultado del plan  de libre convertibilidad del peso que sujetó el valor de la moneda nacional al dólar. Por  el otro, se incrementaron  los costos de los servicios que perjudicaron a los productores de menores recursos. 

 

La situación de la producción familiar se ha agravado en términos relativos, reflejada tanto en el abandono de sus tierras en algunas provincias, como a la disminución de su participación en el mercado.  Los procesos de desplazamiento podrían, sin embargo, no llegar a ser un fenómeno generalizado y coexistir con procesos de persistencia en condiciones defensivas e incluso con aumento de los niveles de pobreza (Carballo: 2004). Existen casos de quienes buscan generar otros ingresos fuera de la explotación o un ingreso complementario para sostener la unidad productiva  o  quienes, ante la falta de escala adecuada, caída de la rentabilidad o endeudamiento,   la ceden a un tercero mediante arrendamiento u otra modalidad contractual con tal de no perder la tierra.

El progresivo endeudamiento de  los productores merece ser considerado de manera especial. En la actualidad, esta franja de productores,  que soportó elevadas tasas de interés  en el período de los años noventa,  ha  extremado su situación  de vulnerabilidad  ante el riesgo de pérdida de las explotaciones mediante el remate de sus propiedades,  situación de la que da cuenta el Movimiento de Mujeres en Lucha, originado ante los remates de los campos, y persistente en sus reclamos por dar solución a los problemas de endeudamiento, la pérdida de tierras,  la desocupación y al desarraigo.

 

 El “boom” de la soja. Características regionales

La innovación  tecnológica más significativa que se  produce, hacia finales de la década de los años noventa, fue la incorporación a la producción agrícola de variedades genéticamente modificadas o transgénicas. Los primeros cultivos transgénicos liberados, entre los años 1996 y 1999, son: la soja tolerante al  herbicida glifosato (conocido como RR o Roundup Ready de acuerdo con la marca registrada de Monsanto) y variedades transgénicas de maíz y algodón con tolerancia a herbicidas y resistencia a insectos. La incorporación de variedades transgénicas integrada a la siembra directa y la adecuación de la maquinaria agrícola a las nuevas condiciones productivas, constituyen las últimas innovaciones en tecnología agrícola.

De esta manera el proceso de modernización de la agricultura iniciado en la década de los años sesenta, con el auge de la  “revolución verde” y que se consolida en las décadas siguientes, en base en la utilización de semillas mejoradas, agroquímicos y maquinaria de elevada capacidad operativa, se continúa en la actualidad con la difusión de los cultivos transgénicos; en particular, el de la soja.

 

 La rápida adopción de la soja RR  por parte de los agricultores -urgidos por bajar los costos ante de la caída de los precios en  el período 1997-1998- se debió a las ventajas que presentaba al ser un paquete tecnológico sencillo que permitía manejar grandes extensiones de tierra con un solo herbicida y poca mano de obra.  En razón de estas ventajas tiende a realizarse en planteos extensivos con aumento de la escala de producción y continua incorporación de capital y tecnologías, para aumentar la eficiencia y reducir los costos de producción. Entre los elementos que favorecieron su notable difusión se cuentan los precios relativamente bajos de los insumos. La propagación de  la semilla ilegal o de  “bolsa blanca” (denominación que se le asigna por la falta de marca o rótulo) fue uno de los factores que favoreció su difusión. Esta semilla no paga ninguna clase de regalía como tampoco la que se conserva para “uso propio”, al  ser este último, un derecho de los agricultores, según la ley de semillas. 

 

En la actualidad Argentina ocupa el segundo lugar entre los países productores de cultivos transgénicos, con una superficie de alrededor de 16 millones de hectáreas para el cultivo de la soja,  representando más de la mitad de la superficie sembrada con granos. Este proceso expansivo de la producción sojera tiene su importancia inicial en la zona núcleo pampeana y muestra una diferenciación de procesos por regiones –pampeana y extrapampeanas-: sea por el reemplazo o el desplazamiento de producciones tradicionales (ganadería, algodón); sea por la expansión de la frontera e incorporación de áreas marginales (por ejemplo, el desmonte en Formosa y Santiago del Estero o tala de bosques nativos en Salta). La expansión a otras regiones se debió, entre otros factores, al incremento de los precios de la tierra en la Pampa Húmeda como resultado del auge alcanzado por el cultivo de la soja, lo cual  motivó la expansión de la frontera agropecuaria, con el fin de disponer de mayor cantidad de superficie cultivable a menor precio. El conjunto de estas circunstancias trajo aparejado cambios productivos; pero también, sociales y ambientales, como resultado de la aplicación del modelo productivo pampeano en estructuras agrarias distintas, por un lado, y en tierras más propensas a su degradación por su ubicación en agrosistemas más frágiles, por el otro. Si bien las variedades adaptadas localmente permitieron avanzar sobre la frontera agrícola en suelos menos aptos, la tendencia al monocultivo sojero afecta la sustentabilidad productiva. De acuerdo con Satorre, la falta de una rotación  de cultivos adecuadamente organizada incide en el buen balance de materia orgánica en los suelos. Este hecho es constatado por “ciertas evidencias que hacen pensar que los suelos pampeanos están perdiendo más nutrientes que los repuestos por la fertilización”. [7] 

 

Cabe destacar que el cultivo de la soja en el norte del país no ocupa una superficie comparable en magnitud a la zona pampeana aunque el impacto de su difusión haya sido significativo si se considera la relativamente reducida economía agrícola regional[8]. Sin embargo, el modelo de la gran empresa cobró particular importancia en  la región del NOA,  a diferencia de la región pampeana donde si bien destacan las grandes empresas también intervienen las medianas empresas. Al respecto, el CNA del 2002 indica, en el caso de las tres provincias más representativas de la región pampeana (Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe), que un 46 por ciento de los cultivos oleaginosos (de los cuales la mayor parte es soja) se produce en unidades de más de 1.000 hectáreas y el 41 por ciento procede  de establecimientos de entre 200 y 1000 hectáreas. La típica franja de chacareros pampeanos, según Reboratti, ubicada entre 100 y 200 hectáreas, participa sólo con el 6 por ciento del total. La producción de soja en la provincia de Santa Fe, concentrada principalmente en el sur de la misma, se hace en predios menores a las 200 hectáreas

 

A título ilustrativo, en la parte norte de la provincia de Santa Fe lindando con el Chaco se encuentra la localidad de Villa Ocampo, uno de los distritos del Departamento General Obligado, en el Chaco santafecino, donde se asentaron, desde 1880, los primeros colonos de origen italiano. Esta zona se dedicó a la agricultura (algodón, caña de azúcar) y a la ganadería con la participación importante de pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos.  La política aperturista de los años noventa, la caída de los precios, la baja rentabilidad y el endeudamiento fueron factores importantes en la desaparición de, aproximadamente, un 35 por ciento de las explotaciones agropecuarias del Departamento de General Obligado. El distrito de Villa Ocampo que aporta la mayor cantidad de productores y superficie con caña, trabaja en la actualidad con uno de los dos ingenios existentes en la zona, debido a la significativa reducción de la superficie plantada con el cultivo que redundó en capacidad ociosa en los ingenios. La menor superficie ocupada por los cultivos de la caña y del algodón – que se redujo en  alrededor de un 50 por ciento para cada uno- ha sido reemplazada por cultivos extensivos, de los cuales,  la soja.  Cabe destacar que el tamaño del establecimiento agrícola tiene relación directa con el uso de la tierra y con la superficie trabajada en arrendamiento. En efecto, a medida que aumenta la superficie trabajada por el establecimiento  agrícola mayor es la superficie destinada a soja, girasol y trigo y menor la superficie dedicada a los cultivos de la caña y el algodón. Estos cultivos son trabajados por pequeños productores que disponen de no más de 50 hectáreas por predio. El avance del cultivo de la soja que requiere de  mayor disponibilidad de superficie cultivable, se ha dado en detrimento de  cultivos característicos de las economías regionales como el algodón en el Chaco, el arroz en Entre Ríos, el poroto en Salta y Jujuy.

 

La situación del Chaco, en el NEA,  es similar  desde el punto de vista productivo; además de registrar   antecedentes como zona de conflictividad social, originada en las vicisitudes históricas de la producción algodonera. La estructura agraria se ha caracterizado por la presencia de pequeños y medianos productores de algodón, además de medianos productores de maíz y girasol y medianos y grandes productores de ganado vacuno. En el sector algodonero ha sido importante, también, la presencia de un gran número minifundistas algodoneros (con predios de 10 a 20 hectáreas) con suelos de baja productividad debido al monocultivo durante muchos años. En estas condiciones la producción extensiva de la soja  se ha difundido en los establecimientos de mayor tamaño utilizados para el maíz, el girasol y la ganadería; a pesar de que las diferencias agroecológicas con la región pampeana,  conllevarían  impactos ambientales, en la medida que son agrosistemas más frágiles.

En la región del NOA, la estructura social agraria, señala Reboratti, se presenta más polarizada que en la región pampeana.  En el caso de Santiago del Estero, ciertos factores, como  la tenencia precaria de tierras fiscales por campesinos y la existencia de tierras potencialmente aptas para la agricultura sin desmontar, generó situaciones conflictivas ante la presencia de grandes empresas agrícolas dedicadas al cultivo de la soja, que iniciaron acciones de ocupación  de esas tierras por medio del desmonte. Estas condiciones se han repetido en otras provincias del NOA. En el caso de Salta, la lucha emprendida por las poblaciones indígenas y asociaciones ecologistas en defensa  de la tierra y el medio ambiente alcanzó particular notoriedad, a partir de la decisión del gobierno salteño de liberar para el cultivo una reserva forestal ocupada en forma parcial por pequeños ganaderos criollos y wichis, una de las etnias indígenas. Conforme a Reboratti, el impacto social de la difusión del cultivo de la soja  es más fuerte en el noroeste que en la región pampeana como resultado del enfrentamiento entre dos formas productivas que implican dos formas culturales y de vida: la de los pequeños productores criollos e indígenas y la de las grandes empresas capitalistas que compiten por el mismo territorio con finalidades diferentes. Los primeros practican una economía de subsistencia de pequeña escala, apoyada  en la recolección de recursos naturales del monte y en el ganado caprino, en tanto  para las comunidades indígenas se trata, de manera fundamental, de conservar su cultura. Para las grandes empresas, por el contrario, el  monte o el bosque son simplemente escollos para la expansión de la producción sojera.[9]  

El actual perfil productivo agrícola  ¿Un nuevo paradigma productivo o un nuevo paradigma cultural?

 

Las cuestiones sociales, productivas, económicas y ambientales planteadas a lo largo de este trabajo permiten afirmar la existencia de un modelo productivo, el “modelo soja”, cuyos alcances trascienden la cuestión puramente sectorial y atraviesan la vida social y económica del país. Cabe recordar que este modelo productivo intensivo en capital y en tecnología con relación a la mano de obra ha intensificado el desarrollo de procesos de exclusión de pequeños y medianos productores, así como de mano de obra, al tiempo que  procesos de concentración de la tierra y de capital,  ligado al   creciente empleo de maquinaria e implementos  de última generación

Esta situación se relaciona, además, con una serie de transformaciones macroestructurales  que se dan en Argentina desde mediados de los años setenta y se profundizan en los años noventa, con la aplicación de políticas neoliberales y  el dominio del mercado aunado al fuerte retroceso de la ingerencia estatal en la creación de alternativas productivas y/o apoyo a las existentes  ante las problemáticas sociales de exclusión, desempleo y pobreza, tanto urbana como rural. En este contexto, los medianos y pequeños productores agropecuarios encaran estrategias de resistencia para no abandonar sus tierras y permanecer en sus explotaciones, trabajando con dignidad, aún en niveles de subsistencia,  a fin de no verse forzados a emigrar a las periferias de las ciudades como tantos miles de otros productores y trabajadores del campo lo hicieron con anterioridad..

 

Las transformaciones económicas y agropecuarias acaecidas en los últimos años  han sido muy profundas,  como consecuencia; Argentina es hoy  un país sustancialmente distinto del que era hace más de veinte años. Estos cambios no están exentos de riesgo y plantean una serie de nudos problemáticos, con relación tanto a los factores tecnológicos  vinculados a las modificaciones en las formas de explotación agrícola, como al cambio cultural al que con rapidez se ven sometidos amplios sectores de la población agraria en sus formas de vida, de valores y de trabajo.   

En el actual escenario agrícola argentino donde el cultivo de la soja transgénica tiene el lugar predominante dentro de un proceso de transición tecnológica aún no concluido, sus beneficiarios -corporaciones transnacionales proveedoras de insumos y tecnologías y empresas líderes ligadas a la producción de la soja-  promueven la extensión del “modelo soja” con el fin de convertirlo en un nuevo paradigma social,  basado en el conocimiento científico y en la innovación tecnológica. El mayor empresario sojero de Argentina- Gustavo Grobocopatel- alude a la “sociedad del conocimiento” en esta nueva carga de registros económicos y simbólicos que implica  nuevas formas de relación de los productores con la naturaleza y con los recursos, nuevas formas de alimentación, de comunicación  y de educación. En definitiva, nuevas formas de relaciones sociales y de trabajo, motorizadas por las nuevas formas de la ganancia capitalista agrícola y agroindustrial concentrada en pocos beneficiarios. Este empresario enfatiza el hecho de “una agricultura sin agricultores”, casi sin mano de obra  en el campo, expresión que transparenta la característica principal del modelo agrícola, de ser generador de exclusión social y, consecuentemente, la negación  a la  posibilidad de ser una cultura inclusiva.

 

Las luchas de los movimientos sociales, tal el caso del Movimiento de Mujeres en Lucha(MML), es más que la lucha  por la caída  de sus ingresos y deterioro de la calidad de vida que cuestionan la permanencia en las explotaciones, son luchas culturales por la construcción de sentidos ante las alteraciones profundas  de un modo de producir y  formas de vida ligadas a la tierra como parte de los valores y creencias contenidas en la noción de la “agri-cultura”.

Ante un mundo cada vez más falto de equidad debido al embate de poderes económicos que “destierran” a quienes aparecen como obstáculos  a la apropiación de recursos naturales y productivos claves  para  su ganancia capitalista, cabe reflexionar y debatir sobre el paradigma tecnológico predominante en Argentina el que, basado en un conocimiento científico que se pretende único e infalible,  es cuestionable en términos ambientales y de sustentabilidad a lo que se suma una manifiesta incapacidad para coexistir con  otras formas  de cultura  y de vida.

 


[1]Giberti, Horacio. “Oscuro panorama ¿Y el futuro?” en: Realidad Económica No. 177- 1º de enero al 15 de febrero de 2001,  Buenos Aires, IADE.

[2] Pucciarelli, Alfredo. “Cambios en la estructura agraria de la pampa bonaerense (1960-1988)” en: Ciclos No. 5, 2do.semestre, Buenos Aires, Año III, Vol. III, IIHES/UBA. 

[3] Giberti, Horacio. “Cambios en las estructuras agrarias” en: Realidad Ecónomica No. 113- 1º  de enero al 15 de febrero de 1993, Buenos Aires, IADE.

[4]Cf. Carballo, Carlos et al. “Articulación de los pequeños productores con el mercado: limitaciones y propuestas para superarlas”. Serie Estudios e Investigaciones No.7- SAGP y A.- Buenos Aires, 2004.

[5] Ibid.

[6] Basualdo Eduardo, Concentración y Centralización del Capital en la Argentina durante la década del noventa. Pcia de Buenos Aires,  Universidad Nacional de Quilmes, 2000.

[7] Satorre, Emilio. “Cambios tecnológicos en la agricultura argentina actual”  en:  Revista Ciencia Hoy,  “La transformación de la agricultura argentina”, vol. 15, No. 87- junio/julio 2005, Buenos Aires.

[8] Reboratti, Carlos. “Efectos sociales de los cambios en la Argentina” en: Revista Ciencia Hoy, op.  cit.

[9]Para mayor información sobre esta cuestión ver: Reboratti, Carlos, op. cit.