LA ARGENTINA ES UN DESIERTO VERDE

Mientras la Argentina atraviesa una emergencia tal que se comprometen los fundamentos mismos de su identidad como Nación, el común de los argentinos continúa viéndose a si mismos como habitantes de la granja del mundo. El problema es que no somos ya la granja del mundo y que seguramente tampoco volveremos a serlo.

 

El modelo rural que se nos impuso fue de exportación de insumos sin valor agregado, de concentración de tierras y despoblamiento del campo. Veinte millones de hectáreas de las mejores tierras agrícolas están hoy en manos de 2.000 empresas. En los 90 se produjo la mayor transferencia de campos de la historia del país, siendo reemplazada la vieja y senil oligarquía por una nueva clase empresarial oligopólica y prebendaria. Uno de los efectos de dicho proceso ha sido la desaparición de la mayor parte de los pequeños productores. Hoy existe cerca de 300.000 productores arruinados y expulsados de sus tierras y más de trece millones de hectáreas embargadas por deudas hipotecarias impagables.

 

A esta catástrofe agropecuaria deberíamos sumar la emigración masiva de los obreros rurales. Los pooles de siembra convirtieron a los productores en rentistas de sus propios campos.  Los nuevos paquetes tecnológicos que integraron siembra directa con maquinaria importada, herbicidas de Monsanto y sojas transgénicas, instalaron una agricultura sin agricultores. La extendida telaraña de contratistas de maquinaria y de repuestería rural, así como las distribuidoras locales de insumos  y toda la vida cultural y social que acompañaba a la pequeña agroindustria y a los pueblos rurales desaparecieron convirtiendo los campos en un desierto verde.

 

Las transnacionales de las semillas Cargil, Nidera y Monsanto nos convirtieron en meros productores de sojas transgénicas y exportadores de forrajes. Producimos lo que a todos le sobra. Y cuanto más producimos más pobres somos y menos población queda en el campo. La perdida por apropiación de los patrimonios genéticos alentada por las propias instituciones del Estado, como el INTA y el INASE, nos han hecho  dependientes de las semillas transnacionales que nos obligan a tributar a las empresas que han hecho una industria del patentamiento de los seres vivos.

 

Las terribles inundaciones del año anterior que mantuvieron bajo agua más de cinco millones de hectáreas fueron el resultado de este modelo agrícola extractivo, casi minero, que expandió la frontera agropecuaria sojera a zonas de bosque nativo y que saturó los suelos de glifosato poniendo en serios riesgos su vida microbiana. Sobre poco más de diez millones de hectáreas de cultivos transgénicos se aplican cerca de 130 millones de litros de herbicidas anuales. Avanzamos aceleradamente hacia la muerte de los suelos fértiles. La conversión de la tierra en substrato inerte impide la retención del agua y provoca el crecimiento de las napas freáticas que terminan inundando las zonas bajas.

 

Con la despoblación del campo, las inundaciones y la creciente pobreza subsidiamos la producción de carnes en Europa. Nos hemos especializado en proveer de insumos a los países productores de proteínas animales. Se nos impuso el productivismo junto a los paquetes tecnológicos, y con el una competencia despiadada para bajar los costos de producción a costa de la calidad. Las consecuencias son una extendida primarización de la economía, la falta de manufacturas agropecuarias, la extinción de la vida rural y las crisis de superproducción en paralelo a enormes carencias alimentarias de la población.

 

La única respuesta a este proceso devastador por parte de  la dirigencia política ha sido el asistencialismo. Más de la mitad de la población argentina se encuentra actualmente por debajo de los niveles de pobreza y más de seis  millones sufren hambre. Los subsidios a la pobreza y las campañas de Soja Solidaria con que se intenta frenar la creciente miseria transforman muchas protestas en funcionales al modelo.

 

Los exportadores amparados en antiguas leyes de la dictadura militar y gracias a las  connivencias con los funcionarios del Banco Central secuestran las divisas para que se dispare el dólar, mientras proponen calmar el hambre de los indigentes con donaciones de soja transgénica  forrajera.

El negocio de las transnacionales está en la venta de insumos, de glifosatos y de semillas OGMs, y también en la apropiación del territorio, pero las sojas transgénicas tienen y tendrán en lo porvenir crecientes problemas de comercialización, poniéndose en riesgo los mercados y obligando a un creciente consumo por parte de la población excluida.

 

En nuestro país estamos entre tanto, inmersos en la crisis terminal del sistema político. El desmoronamiento de los escenarios expresan la capitulación de la política ante los poderes concentrados y los grupos prebendarios del complejo sojero aceitero y petrolero que viven del Estado. La solución a la crisis no es electoral porque de lo que se trata es de construir un nuevo pacto social en que sean parte los nuevos protagonismos, los pequeños productores, las víctimas sociales del sistema, los pueblos aborígenes, los que luchan y construyen desde la base y los Desarrollos Locales nuevos proyectos de sociedad y de convivencia humana. De ese contrato social ha de surgir el Estado que exprese la voluntad de refundar la Nación. Y una de las medidas más  importantes y urgentes habrá de ser la de cambiar el modelo rural y repoblar el campo para volver a producir alimentos sanos.

 

Frente a este panorama ¿Qué podemos hacer?

Necesitamos promover una Soberanía Alimentaria basada en desarrollos locales y en una revalorización de la ruralidad y de la vida en el campo.

Necesitamos que respondería a reclaman las Asambleas de Vecinos y los diferentes  movimientos sociales de protesta y de ciudadanía comprometida.

Necesitamos terminar con las regulaciones a las pequeñas producciones agropecuarias, para establecer un escalón libre de impuestos y con respaldo municipal que posibilite y aliente los mercados y los  Desarrollos Locales.

 

Frente al chantaje de los exportadores amparados en las leyes de facto de la Dictadura es preciso asimismo nacionalizar el Comercio Exterior, recuperando instituciones reguladoras del Estado como  fueran el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio en los años 50 y la Junta de Granos vigente hasta mediados de los años 90.  Sólo de esta manera será posible remontar la situación en la que nos encontramos.

Mientras tanto y en la medida que tratamos de hacer de la crisis una oportunidad para nuestras propuestas de agricultura alternativa y sustentable, quisiéramos que nuestra historia de sumisión a las transnacionales de la biotecnología sea tomada como ejemplo por todos  los movimientos de la Resistencia Global y en especial por los demás hermanos latinoamericanos presentes en este Foro Social Mundial, para no repetir el camino de  dependencia  a la biotecnología que nos condujo a la actual catástrofe social.

 

 

GRR, Grupo de Reflexión Rural, agosto 2002

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